APUNTES SOBRE EL PROYECTO DE LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

* ANTECEDENTES.

Quienes siguen las políticas de CAESI., habrán advertido que desde hace muchos años se viene puntualizando la necesidad de una modernización de las normativas que vienen regulando la actividad a lo largo y ancho del país. Esta inquietud se fue dando no solo porque ya en su momento adolecían de marcadas limitaciones técnicas, sino porque año tras año fueron quedando pretéritas.

Esa casi obsesiva idea encuentra numerosos fundamentos, sean ellos de orden político, empresarial, comercial, laboral y hasta de cuestiones pragmáticas. Todo ello no puede menos que generar un desequilibrio jurídico, como el que actualmente vivimos.

Sería por cierto muy complejo desarrollar cada uno de esos aspectos en este artículo, pero no obstante ello, vamos a permitirnos hacer una sencilla referencia que nos permita imaginar los alcances a los que se podría llegar, para arribar finalmente al fundamento de esta iniciativa, que no podría caberle como responsabilidad, a mas nadie que a nuestra Cámara Nacional, madre de todas las representaciones empresariales y rectora de nuestro sector.

* FUNDAMENTOS.

Políticamente hablando y puesto ello en términos prácticos, debemos reconocer que cuando menos en esta materia, el federalismo raya lo obsoleto. Resulta inadmisible que una actividad privada reconocida como de interés público, que se rige por exigencias legales que la llevan a la necesidad de gestionar constancias ante organismos nacionales y provinciales como los Registros Nacionales de las Personas, de DDHH, de Reincidencia, de Armas, etc., deba habilitarse sin excepciones, en veintiséis jurisdicciones – (24) Provincias, Puertos y Aeropuertos – para poder estar habilitados en todo el país, con todo lo que ello implica, no solo en tiempo sino en arancelamientos y burocracias, con el agravante de tener que reiterar los trámites en los sucesivos limitados vencimientos. No escapara al criterio del lector que las jurisdicciones de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se rigen por normativas de carácter internacional que por supuesto nada tienen que ver con las exigencias propias de nuestro país.

Empresarialmente hablando va de suyo que es la actividad más fiscalizada del país, que además, por tratarse de “mano de obra intensiva” y no de “capital intensivo”, conlleva altos riesgos financieros. Si bien la operatividad, debería ser el centro de concentración de su desarrollo, por lo políticamente indicado, hace que cualquier organización deba tener un importante centro de RRHH que cubra las

distintas exigencias y vencimientos de habilitación en cada jurisdicción. Esta situación hace duplicar los esfuerzos por cuanto errores de actualización en los registros de objetivos, Vigiladores, Directores Técnicos, etc., pueden poner a la empresa en un estado de irregularidad sancionada con multas, muchas veces confiscatorias. En este aspecto, cabe consignar que las actuales exigencias no generan barreras que limiten incursionar responsablemente en la actividad, lo cual llevó a cierto grado de anarquía que facilita al momento la presencia de empresas virtuales o golondrinas que se suman a las competencias desleales.

Comercialmente las distintas legislaciones, generan escenarios altamente desordenados al momento de fijas estrategias de mercado. De hecho la realidad muestra que todas las empresas que operan en más de una jurisdicción, deben fijar criterios diferentes entre cada una de ellas para poder adecuarse a la normativa local, sea en cuanto a las formalidades, capacitación, supervisión, etc. En modo inverso ocurre algo similar, ya que el usuario local no comprende la política empresarial en términos globales y más aún si se trata de usuarios multinacionales, cuyas áreas de compras ven aplicadas cuestiones que su propia empresa en otras provincias por caso, resultan diferentes, cuando ellas en lo interno la manejan con criterios de uniformidad. En este sentido merece mencionarse la especulación de ciertos contratantes que producto de esa situación, se constituyen en formadores de precios, con lo cual en gran medida pasaron a dominar el valor de mercado, puesto ello en interpretación especulativa.

Laboralmente esa aplicación fragmentada en las tantas normativas jurisdiccionales ha tenido consecuencias que llevan a la legitimación de irregularidades. CAESI es la única signataria del Convenio Colectivo de Trabajo –CCT. – a nivel Nacional. Sin embargo y producto de cuestiones estrictamente gremiales, lo hace con tres gremios diferentes según sea el general con UPSRA, el preexistente de Córdoba SUVICO y el irrisorio de solo la ciudad Capital de Tucumán SIVISEP., todos ellos con Personería Gremial. Cada Convenio contiene sus propios alcances, lo que hace diferente las condiciones de trabajo de los Vigiladores y en el último ejemplo, distintos hasta dentro de la misma provincia. A ello hay que sumarle la aparición de otros treinta gremios a la fecha, producto de las políticas laborales de los últimos años, donde el reparto indiscriminado de simples Inscripciones Gremiales, ha hecho proliferar pseudo representaciones, generando conflictos extras absolutamente ajenos a la actividad de la seguridad privada.

Pragmáticamente la cuestión de convivir desde siempre con tantas normativas, hizo que se llegara a extremos incomprensibles, como por ejemplo la cuestión interjurisdiccional. Se está dando el caso de empresas habilitadas en una jurisdicción, que al hacer custodias de mercadería en tránsito entre dos provincias, por ejemplo de Buenos Aires a Misiones, debe cruzar necesariamente las de Entre Ríos y Corrientes, las cuales exigen que por pasar por su jurisdicción también deben estar habilitadas en ellas. Otro ejemplo puntual es el de aquellas provincias que exigen para el Vigilador no solo el secundario sino una capacitación con alta carga

horaria y otras que solo piden el primario. Finalmente en este aspecto práctico, baste indicar que hay normas que limitan la cantidad de empleados; vehículos de determinado color o bien uniformes únicos. En igual orden de cosas, la dualidad alcanza a quienes ejercen la autoridad de aplicación y quien es responsable de la supervisión operativa.

* PRESENTACIÓN.

Más allá de otras consideraciones, entendimos que estaban dadas las condiciones legislativas para avanzar en un debate equilibrado para avanzar en la instrumentación del proyecto en cuestión. Sucesivos Congresos de Seguridad Privada organizados por CAESI y autoridades de todas las jurisdicciones, como los realizados el 22/04/16 en el Centro Cultural de la CABA o el del 19/08/16 celebrado en Mar del Plata por citar los últimos, nos llevaron a asumir el compromiso de elaborar y entregar al ejecutivo nacional un proyecto integral, que a mi juicio tiene la virtud de ser simple, compacto, integrador y con apertura para reglamentar las distintas perfiles de la seguridad privada, sea ella en segmentos como de prevención física; custodia de mercaderías; vigilancia electrónica; el cyberdelito o las limitadas investigaciones privadas.

* DATOS INTERNACIONALES.

* La globalización demostró sus limitaciones en temas de seguridad ciudadana.

* Para la UNESCO., la seguridad de un país requiere al menos del 4 % de su PBI.

* Para el BID., la inseguridad regional llega del 6% al 7% del PBI. medio.

* La inseguridad en Latinoamérica promedia un coste de 400.000 Mill. US$ / año.

* Latinoamérica está en el orden de los 2.000.000 de Vig. La Argentina 150.000.

* Fuerte tendencia global hacia la cooperación de la Público-Privada.

* DATOS NACIONALES.

* Argentina. Único país Latinoamericano que carece de una ley Nacional.

* Por primera vez se discute una norma integral de jurisdicción federal.

* El crecimiento central generó desequilibrios en el interior del país.

* El proyecto contemplo coincidencias de normas de todas las Provincias.

* Las Habilitaciones son locales pero intervienen Registros Nacionales.

* Actualmente de las (26) jurisdicciones solo (9) exigen capacitación obligatoria.

* ANÁLISIS DEL PROYECTO.

Siguiendo con la secuencia del proyecto, el equipo de trabajo, que por cierto amerita un reconocimiento especial, diseñó la ley Federal a partir de doce Títulos, que seguidamente pasamos a referenciar, con el objeto de que se tenga una clara idea de los valores tenidos en cuenta en el trabajo:

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

* Se enuncia claramente que es una prestación de Seguridad Privada.

* Exige que toda adhesión se ajuste a la Constitución Provincial vigente.

* En zona de Aeropuertos rigen Protocolos OACI. y en Puertos los OMI.

* Declara por definición que la actividad privada es de interés público.

* Prevé e incluye junto a los RRHH el empleo de recursos técnicos.

* Fija puntualmente los alcances de las prestaciones con y sin armas.

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

* Pone en el MS Nación la actividad del ámbito Federal e Interprovincial.

* Reserva como autoridad de aplicación la que fije cada Provincia.

* La coordinación de todas ellas será la Sec. de Seguridad Interior.

* Se detallan en (13) Puntos. las funciones de la Autoridad de Aplicación

* Resuelve cuestiones de jurisdicción para Custodia de mercaderías.

* Fija las funciones de la Autoridad de Aplicación que adhieran.

PRESTADORES. HABILITACIÓN. REQUISITOS.

* Se prioriza la regulación de la actividad desde la Ley 19550 Soc.Com.

* Fija los requisitos de personas humanas para obtener la habilitación.

* Ídem para personas jurídicas a las que se exige objeto social único.

* Prevé en (11) Puntos. los requisitos comunes para ambas variables.

* Fija exigencias según se trate de Personas. Humanas o Personas Jurídicas.

* Da a la autoridad de aplicación la ocasión de consulta a las Cámaras.

DEL PERSONAL. OBLIGACIONES.

* Se requiere que todo el personal esté bajo relación de dependencia.

* Fija los requisitos de ingreso incluyendo la exigencia del secundario.

* Genera condiciones obligatorias para el cumplimiento de su tarea.

* Las armas serán de la empresa y la portación solo alcanza al servicio.

* Los habilitados son los responsables del cumplimiento normado.

* Prevé por única vez y por (90) días pedir Altas Tempranas sin armas.

PROHIBICIONES. OBLIGACIÓN PRESTADORES.

* Se especifican en (11) Puntos las prohibiciones de los prestadores.

* Ello incluye cuestiones de información y contenidos personalizados.

* Igualmente en otros (11) Puntos se fijan las obligaciones previstas.

* Ello incluye colaborar con la autoridad pública y registro de Ley 27192

* Determina plazos para renovaciones; cambios y/o ventas accionarias.

* Fija los libros a llevar; los uniformes a consignar y vehículos a usar.

DE LOS USUARIOS CONTRATANTES.

* Por primera vez se fijan responsabilidades solidarias a los usuarios.

* Fija como exigencia al usuario el contratar prestadores habilitados.

* Genera sanciones pecuniarias a quien contrate empresas informales.

* Se exige a los contratantes exhibir documentación vinculante al Servicio

* Esta misma exigencia alcanza a las prestaciones electrónicas.

* También lo solidariza ante incumplimientos laborales del prestador.

DE LOS CONTRATOS Y REGISTROS.

* Amplía las exigencias sujetas al control de la autoridad de aplicación.

* Fija los alcances contractuales en cuanto al servicio, tiempo y valor.

* A los libros de rigor se suman otros intervenidos por las autoridades.

* Ellos se vinculan a toda la operatoria de las prestaciones formales.

* Se incluye para toda esta documentación un soporte informático.

* Reserva a la Reglamentación el modo de suministro de información.

DE LA CAPACITACIÓN.

* Se exige a las Empresas la capacitación del personal en todos niveles.

* Solo podrán capacitar los Institutos Públicos o Privados habilitados.

* Requiere instrucción especial para tareas con armas y de electrónica.

* La autoridad de aplicación intervendrá directamente en los contenidos

* Los programas priorizan respeto a la C.N.; DDHH y Sistemas. Democrático.

* Los cursos serán válidos a nivel país. Igual los Policiales. que adhieran.

DE LAS INVESTIGACIONES.

* Fija las limitaciones que deben tener las investigaciones privadas.

* Ellas pueden ser requeridas por personas humanas o jurídicas.

* Prohíbe el uso de medios materiales o técnicos que afecten el honor.

* Se preserva la intimidad y todas las garantías constitucionales.

* Exige un Legajo de Investigaciones donde consten los datos de ella.

* Toda esta información quedará sujeta a fiscalización de la autoridad.

DE LAS SANCIONES.

* El régimen sancionatorio fue concebido sobre (4) niveles de faltas.

* Ellas se identifican como: Leves – Graves – Muy graves y Gravísimas.

* Se procuró que las penas no sean confiscatorias pero si efectivas.

* Se fijó como unidad de pago un (SBV) Salario Básico de Vigilador.

* Las sanciones serán graduadas por la autoridad de aplicación.

* En el caso de Personas Jurídicas se hace solidario a los administradores.

* Se fijan los mecanismos de comprobación, notificación y prueba.

DE LA GARANTÍA.

* Se buscó que las garantías respondan a la base real del prestador.

* El deposito será actualizable y a favor de la autoridad de aplicación.

* La garantía podrá ser reemplazada por un seguro de caución.

* Prevé cierta razonabilidad del monto para evitar todo monopolio.

* Se fija un mecanismo de devolución en caso de cese de actividades.

* La autoridad de aplicación verificará la inexistencia de deudas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

* Se prevé que las tasas sean proporcionales al servicio a prestar.

* Ellas se diferenciarán entre vigilancia física, electrónica o ambas.

* Se fija el plazo de (1) año para adaptar a los actuales prestadores.

* Se fija el plazo de (60) días para informar a Nación de los datos Provinciales.

* Toda persona podrá denunciar irregularidades en los servicios.

* Ellas serán ante la autoridad de aplicación quien analizará alcances.

A todo este respecto resta consignar que en coincidencia con esta presentación, varias provincias, por caso la Ciudad Autónoma y Buenos Aires; Córdoba; Santa Fe; Mendoza; Neuquén; La Pampa y Corrientes, están al momento reviendo sus legislaciones, probablemente para ajustar sus normas a criterios de actualización.

Es sabido que el proyecto aquí descripto, reviste carácter FEDERAL y no NACIONAL, razón por la cual, lo deseable es que las provincias adhieran a los puntos que tengan coincidencia con sus propias identidades, para lo cual, sería altamente importante que se alcance a comprender esta única oportunidad de sumarse a una inédita legislación integral que acompañe los tiempos, sin recelos y con altas posibilidades de integración global, aún en el más primario de sus alcances que sería nuestro propio país.

Al exponer todos estos fundamentos en el debate convocado el 03 de Noviembre ppdo en el Ministerio de Seguridad de la Nación ante la presencia de representantes del interior, quedó claro que unidos no existe el interior fragmentado sino el país unido. Este marco es el que permitirá sumar voluntades y usufructuar por igual los beneficios que hoy se ven centralizados en unas pocas jurisdicciones.

Este sin dudas es el camino para estandarizar la igualdad de oportunidades y acceder a una competencia más leal; con precios más justos; con sindicatos realmente legitimados y con Cámaras procurando nuevos objetivos.

CAESI. hoy puede decir con absoluta convicción, que ha cumplido con un viejo anhelo y haber estado a la altura de las exigencias de una actividad cada vez más compleja. Solo resta apelar al criterio de los legisladores; a la responsabilidad de los ejecutivos y a la

comprensión de los empresarios. En esa línea se alcanzará la una Seguridad Privada con mayor excelencia.